El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió la autorización de eventos, diversiones (¿?) y actos en el espacio público porteño entre el 6 y el 13 de noviembre de 2026 por el operativo de seguridad y logística de la visita del papa León XIV a la Argentina. Pero, ¿cuáles son los límites del poder estatal? ¿Puede ser violencia sesgada hacia el colectivo LGBTIQ+?
Prohibir, censurar, acallar.
La prohibición surge de la RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 1/SECMU/26 del 17 de septiembre de 2026, que establece que “…durante el período comprendido entre el 6 de noviembre y 13 de noviembre de 2026 , ambas fechas inclusive, no se autorizará la realización de eventos, diversiones o actos en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (art 1). A su vez exceptúa a las actividades, ceremonias y operativos que integren la agenda oficial de la visita de Su Santidad el Papa León XIV, así como a los actos que las áreas competentes coordinen expresamente en ese marco (art. 2).
Hace mucho tiempo atrás, el 17 de diciembre de 2025 se dio a conocer la fecha de la Marcha del Orgullo de CABA de 2026. Sí, el año pasado, 10 meses antes de la resolución conjunta señalada en el párrafo anterior (puede verse en el Facebook de la COMO).
La COMO fue muy previsora en cuanto a la definición de la fecha con mucha antelación, de modo de darle previsibilidad, en especial para quienes querían programar su viaje a CABA a fin de participar de este evento multitudinario, que no es un mero desfile sino un mega acto en donde se desarrolla una marcha en donde hay mucha alegría, carrozas, música, stands de venta de pines, remeras, etc, pero en donde, fundamentalmente, se reclama por igualdad de derechos, por la no discriminación al colectivo de la diversidad sexual, en contra de la violencia y los discursos de odio y más aún.
Ante esta prohibición por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la COMO lo que hizo fue ratificar la fecha. Así comenzó un debate entre quienes están en contra de la modificación por parte de la COMO y las organizaciones de diversidad sexual que la conforman. ¿Es real la necesidad que plantea Macri o un capricho para censurar una marcha ante la proximidad de la visita papal?
Había una vez una ley...
Veamos esto, la Ley N° 6482 de CABA (sancionada en el año 2021) otorga a las organizaciones LGTTIQ+ la potestad para fijar la fecha de la marcha. Dice el texto legal: “Institúyese como “Semana del Orgullo" en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la difusión y la visibilidad del Orgullo LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Inter y Queers), a la semana inmediatamente anterior a la fecha de realización de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ durante el mes de noviembre de cada año. La Marcha del Orgullo es definida por las organizaciones no gubernamentales reconocidas por su defensa de los derechos de personas LGBTIQ+, con actividad en la Ciudad de Buenos Aires” (sic).
Es decir que, el texto legal determina explícitamente que el Gobierno de la Ciudad no tiene la facultad de fijar ni modificar la fecha de la movilización; esa potestad jurídica le corresponde únicamente a las organizaciones de la sociedad civil (la COMO en este caso). Por esta razón, la Comisión Organizadora invocó formalmente el texto de la Ley N° 6482 en su última carta pública dirigida a las autoridades de la Ciudad, argumentando que, por mandato legal, la fecha del 7 de noviembre fijada por ellos es inamovible y que el Ejecutivo local tiene la obligación de garantizar las condiciones logísticas y de seguridad correspondientes.
A todo ello se suman los dichos del Canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que la movilización prevista para el día anterior no representa, según su planificación, un obstáculo para el dispositivo preparado para la visita.
Un poco de análisis técnico:
Analicemos un poco más. Una Resolución Conjunta es un acto administrativo del Poder Ejecutivo local que tiene un rango inferior a una Ley de la Ciudad (sancionada por el Poder Legislativo, como la Ley N.º 6482). Un principio constitucional básico dicta que una norma de menor jerarquía no puede derogar, suspender ni contradecir lo establecido por una ley vigente. Al establecer la Ley N° 6482 que la fecha de la Marcha es "definida por las organizaciones", el Estado autolimitó su poder de veto sobre el calendario de la movilización. El Poder Ejecutivo local tiene la obligación de garantizar las condiciones para que se cumpla la ley, no de anular su aplicación mediante un decreto o resolución administrativa.
Si sumamos a este dato cronológico, que la Marcha del Orgullo termina aproximadamente a la medianoche del sábado 7 y que el Papa León XIV llega el domingo 8 aproximadamente a las 16:30 h., podemos ver que al llegar casi 17 horas después de que finaliza la Marcha del Orgullo, la prohibición deja de ser una medida necesaria: En efecto, no hay superposición física de multitudes ni de uso del espacio público en el mismo momento.
El Ejecutivo local alega que la Policía de la Ciudad y el personal de limpieza urbana no pueden dividirse para atender dos megaeventos a la vez. Sin embargo, con más de 16 horas de ventana temporal, el Estado tiene tiempo técnico más que suficiente para limpiar las calles y reordenar las fuerzas de seguridad entre la medianoche del sábado y la tarde del domingo. Al demostrarse que ambos eventos pueden convivir secuencialmente, la resolución gubernamental pasa de ser una "medida de prevención logística" a convertirse en una restricción arbitraria y desproporcionada de un derecho fundamental consagrado por la Ley N.º 6482.
Desde una perspectiva más sociológica que jurídica, si se quiere, también podemos sumar particularidades que hacen aún más lógica la resistencia a suspender la Marcha planificada para el 7 de noviembre.
La insistencia en prohibir o postergar la Marcha puede ser vista por la sociedad como una decisión política ideológica, no operativa, lindante a la censura.
¿Tan así?
Sí.
¿Volver al clóset?
El Gobierno local busca "limpiar" visual y simbólicamente la Ciudad con antelación para que el escenario de bienvenida del Papa esté despejado de rastros de disidencia o reclamos, en particular en una temática –la diversidad sexual- que no es aceptada por la Iglesia Católica Apostólica Romana.
¿Volvemos a las épocas de la Inquisición, a “esconder” cualquier resabio de marcha por los derechos del colectivo LGBTIQ+?
Al clóset nunca más.
A ello, debemos agregar que la suspensión implica también perjuicios a muchas personas. La COMO, en su Carta al Gobierno de la Ciudad, dice que “Durante ese fin de semana llegan personas desde distintos lugares de la Argentina y del exterior, se ocupan hoteles, trabajan restaurantes y comercios, se movilizan artistas, productores, técnicos, trabajadores y cientos de emprendimientos. La Ciudad recibe muchísimo de la Marcha del Orgullo” . Además “La Comisión explicó, en esta línea, que la Marcha del Orgullo “es una marcha federal, construida durante todo el año por organizaciones de todo el país, y uno de los acontecimientos populares más masivos de la Argentina”. Sostiene, en ese sentido, que muchos asistentes —ya sean civiles como artistas, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, estudiantes y más— planificaron con tiempo y adquirieron con anticipación los pasajes de transporte para llegar a Buenos Aires y realizaron reservas de alojamiento para acceder al evento” .
Así, como dicen desde la COMO, marchar el 7 de noviembre ya no es un capricho que pone en riesgo la seguridad de la Ciudad, sino el ejercicio legítimo de un derecho que el Estado intenta arrebatar sin justificación.
"Queremos comenzar expresando algo que debería resultar evidente: comprendemos la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica, así como la complejidad de los operativos de seguridad que una visita de estas características requiere", señalaron desde la COMO, agregando que "Lo que no comprendemos es que esa circunstancia sea presentada como una razón suficiente para plantear la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más importantes, históricos y multitudinarios de la Ciudad de Buenos Aires, aún más teniendo en cuenta que el Papa llega a nuestro país recién al día siguiente"
Algo de análisis jurídico:
Para que la restricción de un derecho fundamental sea constitucional, debe superar el test de proporcionalidad y razonabilidad. Haciendo una síntesis de los requisitos podemos observar que la medida estatal en análisis reprueba estándares internacionales:
Idoneidad: Si bien liberar el espacio público previene contingencias, la prohibición absoluta con casi un día de antelación resulta excesiva para el fin perseguido.
Necesidad: El estándar de Derechos Humanos (Corte IDH) exige que el Estado aplique la medida menos restrictiva posible. Existiendo alternativas de cohabitación secuencial (limpieza intensiva nocturna, reordenamiento de turnos de la Policía de la Ciudad, solicitud de apoyo a fuerzas de seguridad federales), el Ejecutivo optó por la vía más lesiva: la anulación total del derecho de reunión.
Proporcionalidad en sentido estricto: El sacrificio constitucional impuesto al colectivo LGBTIQ+, que forma parte de los grupos históricamente vulnerados (la pérdida de su visibilización anual amparada por ley) resulta drásticamente superior al beneficio de comodidad logística que obtiene la administración. Los derechos constitucionales a la libre expresión, reunión y protesta no pueden subordinarse a criterios de mera comodidad burocrática.
En síntesis, la resolución del Gobierno de la Ciudad carece de sustento constitucional al vulnerar el principio de jerarquía normativa y fallar flagrantemente en el test de proporcionalidad debido, entre otras cuestiones, a la amplia diferencia horaria entre ambos eventos.
¿Y más allá de lo jurídico?
A su vez, la medida expone un sesgo ideológico que busca invisibilizar un movimiento civil legalmente protegido en favor de un evento institucional religioso con singulares matices (no todos los años un Papa visita el país), pero, que quede claro, la COMO no busca nada en contra de la religión católica, ni del Papa, ni del Gobierno de CABA.
Solo que se respete el derecho constitucional de marchar y manifestarse, que además la Ciudad protege por medio de una ley sancionada por sus legisladores y legisladoras.
Historizando
Recordemos que el 3 de julio de 1992 se realizó la primera Marcha del Orgullo Gay-Lésbico en la ciudad de Buenos Aires, contó con alrededor de 250 personas, muchas de las cuales usaron máscaras o caretas de cartón, por temor a perder sus empleos, o ser reconocidos por familiares u otras personas, hecho claramente demostrativo de la discriminación que sufría el colectivo LGBTIQ+ en esa época.
La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) resulta una pieza fundamental en este proceso histórico, ya que representa el ejercicio democrático y de autogestión que sostiene viva a la movilización. Al no depender de las decisiones de los gobiernos de turno o de partidos políticos individuales, la COMO funciona como un espacio plenario y voluntario donde decenas de agrupaciones debaten de forma horizontal. Es allí donde se consensúa un documento único que equilibra las celebraciones por los logros obtenidos con los reclamos urgentes por los derechos que aún faltan conquistar. Esta articulación colectiva dota a la marcha de una enorme legitimidad política, blindando la autonomía del movimiento y permitiéndole sostener sus banderas históricas de manera independiente del contexto estatal.
El andamiaje de la COMO está sostenido por organizaciones pioneras que han forjado el activismo en el país. Entre ellas destaca la FALGBT, nacida en 2005 para federalizar la lucha y gran impulsora de conquistas parlamentarias clave como el Matrimonio Igualitario y la Identidad de Género, así como otras muchas organizaciones de base como Nexo AC -con su histórico rol de asistencia y visibilidad en torno a la salud de los varones gays y la crisis del VIH-, La Fulana -centro comunitario fundado a fines de los noventa que puso en primera línea la militancia de las mujeres lesbianas y bisexuales-, o ATTTA -que reúne personas trans- entre otras tantas agrupaciones (históricas algunas y muchas otras, con trabajo territorial, más recientes en el tiempo).
Sin estas marchas, no hubiera habido igualdad de derechos. Los derechos que se gozan hoy son el desenlace de años y años de reclamos, de luchas, de sufrimiento por discriminación, de violencia, muertes y más. Porque ninguna persona cis heterosexual tuvo que sufrir violencia, lesiones, homicidios por su orientación sexual heterosexual y su identidad de género cis. Ese Orgullo, como respuesta política del que hablaba Carlos Jáuregui, tiene que ver con esto. Porque se transformó en una marcha multitudinaria, que es un espacio de expresión, y también de fiesta, de reclamos, de críticas, de libertad, de unión, de esperanzas.
Para finalizar
Prohibir una Marcha del Orgullo sería un hecho inédito, nunca visto en la democracia Argentina.
Nunca se la prohibió, jamás, y hacerlo sería ponerse del lado de los totalitarismos que vulneran la libertad de expresión y los derechos humanos de un colectivo históricamente vulnerado.
Jorge Macri, a punto de ser un líder totalitario con prácticas de violencia y odio hacia la diversidad sexual.
Como finaliza la Carta de la COMO a Jorge Macri, “…esperamos también que su Gobierno comprenda que acompañar la diversidad no consiste solamente en reivindicarla discursivamente o cuando no genera dificultades. Gobernar una ciudad diversa significa garantizar efectivamente esa diversidad cuando requiere decisiones, recursos, coordinación y compromiso político” (sic).
¡Ni un paso atrás amigos, amigas, amigues! La Marcha no debe cambiar de fecha por la decisión de un político o un Gobierno, y debe hacerse tal y como lo decidan las organizaciones de diversidad sexual, respetando nuestra legislación.
"Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia".
