El pasado 17 de mayo fue el Día Internacional y Nacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
La importancia de la fecha radica en que, entre otras cuestiones, visibiliza la existencia de barreras estructurales, estigmas y actos discriminatorios que vulneran los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+.
Desde lo técnicamente jurídico podemos mencionar al Principio de Igualdad y No Discriminación. Dicho Principio tiene como base y sustento el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. Esta conmemoración nos recuerda, de algún modo, la obligación que tiene el Estado de eliminar cualquier norma o práctica que condicione derechos basados en la orientación sexual o la identidad de género. Asimismo, a partir del texto del artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, se otorgó jerarquía constitucional a diversos Tratados Internacionales de DDHH que protegen a grupos vulnerables de, entre otras cuestiones, actos discriminatorios (ejemplos: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, entre otros).
Estos instrumentos exigen garantizar el pleno goce de derechos sin discriminación alguna.
Por otra parte, podemos mencionar a los Principios de Yogyakarta, que son una guía internacional de aplicación de los derechos humanos a la orientación sexual e identidad de género. Argentina, a través de los años, y fundamentalmente a partir del año 2010, legisló en forma progresiva los derechos del colectivo LGBTIQ+, como con la Ley de Matrimonio Igualitario (Nº 26.618) -impulsada inicialmente por la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans)- y la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743).
Más allá de los argumentos jurídicos, podemos apreciar otros que le dan sustento o que son consecuencia:
1) Despatologización Histórica: El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Recordar este hito desbarata los prejuicios médicos y sociales con los que se pretendían, en algunos países, utilizar “terapias de conversión”, una forma solapada de tortura, y otras violaciones a los derechos humanos.
2) Expectativa de Vida y Reparación Histórica: La comunidad travesti-trans en Argentina tenía una expectativa de vida promedio de entre 35 y 40 años debido a la exclusión sistemática. Gracias a leyes como la de Identidad (y expresión) de Género, esa expectativa fue creciendo lentamente. No obstante, existe la urgencia de aplicar políticas de inclusión laboral, habitacional y de salud integral que, con políticas públicas regresivas, como las vigentes actualmente en el país, en donde la diversidad sexual y la identidad de género son criticadas desde la propia agenda oficialista, son más que difíciles de implementar.
3) Erradicación de los Crímenes de Odio: La conmemoración visibiliza la persistencia de discursos de odio y violencias físicas. Que quede claro, no solo son discursos de odio y violencia verbal que se generan a partir de insultos y burlas, sino también violencia física, que se materializa en, desde lesiones físicas, hasta asesinatos. Es decir, crímenes de odio. Es necesario seguir concientizando a la sociedad para prevenir más violencia, tanto civil como institucional, hacia la diversidad sexual.
4) Acceso Real a Derechos Básicos: Más allá de la igualdad legal ("en los papeles"), la jornada promueve la igualdad real. Asegurar que la orientación sexual o identidad de género de una persona no sea un obstáculo para conseguir un empleo o mantenerlo, alquilar una vivienda, recibir educación, salud, etc…
Además hay que considerar las implicancias de los cambios institucionales y de las narrativas oficiales en los últimos años, más precisamente desde 2024 en Argentina con políticas regresivas. En relación a eso, podemos decir lo siguiente:
El desmantelamiento institucional se desarrolló a partir del proceso de reforma estatal, iniciado en 2024, que impactó directamente en los organismos de control de la discriminación y políticas de género. En especial se pudo apreciar con el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por decreto presidencial. Su desmantelamiento en la práctica cercenó la posibilidad de que desde el Estado se generen políticas públicas en contra de la discriminación, así como también que se realicen gestiones y/o conciliaciones para el goce de los derechos, sin discriminación, a grupos vulnerables. Se dio de baja la línea gratuita de consultas telefónicas y la posibilidad de emitir dictámenes técnicos ante actos de discriminación. (Ya volveremos en otro momento sobre el INADI y porqué su cierre se transformó en una política pública regresiva en cuanto a derechos humanos). Lo mismo ocurrió con la supresión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; el Estado dejó de absorber estas funciones, desamparando a los colectivos de la diversidad sexual.
Otro punto a considerar es el de los discursos públicos y la legitimación de la violencia a través de ese medio.
El cambio en la narrativa gubernamental, donde se rechaza lo que el oficialismo denomina "ideología de género", sostenido incluso con un reprochable discurso de odio en el Foro de Davos en el año 2025, genera efectos concretos en el tejido social, como ser:
• Legitimación del discurso de odio en el espacio público y validación de los ataques: Cuando desde los sectores de máxima autoridad se asocian las orientaciones sexuales o identidades de género con patologías o delitos graves, se rompe un consenso democrático de respeto. Esto valida y multiplica los discursos de odio en redes sociales y en la vía pública.
• Aumento de la violencia física: Al diluirse la condena institucional, las organizaciones de la sociedad civil, en especial las que trabajan por el respeto a la diversidad sexual, alertan sobre un clima de desamparo y hostilidad, que se traduce directamente en un aumento de agresiones físicas y crímenes de odio en las calles a personas lesbianas, gays, bisexuales y del colectivo trans.
• Además, el impacto por la no aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), la falta de financiamiento, de capacitación docente y de voluntad política para aplicar la Ley Nº 26.150, repercute directamente en las infancias y adolescencias en forma negativa, pues acaece lo siguiente:
1. Pérdida de espacios de detección de abusos: La ESI ha sido históricamente la principal herramienta para que niños, niñas y adolescentes identifiquen y denuncien situaciones de abuso sexual intrafamiliar. Sin contenidos claros en las escuelas, se reduce drásticamente la capacidad de detección temprana.
2. Aumento del aviso escolar (bullying): Al no trabajarse de forma obligatoria el respeto a la diversidad corporal, de género y de orientación sexual en las aulas, se incrementan las conductas de hostigamiento hacia estudiantes LGBTIQ+, afectando su salud mental y provocando deserción escolar.
3. Barreras en salud pública: La ESI no solo aborda la diversidad, sino también la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el embarazo no intencional en la adolescencia. Su desfinanciamiento debilita las campañas de cuidado y el acceso a métodos anticonceptivos.
El 17 de mayo resulta ser, entonces, una fecha clave para visibilizar la violencia y discriminación que sufren las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y para concientizar a la población acerca del respeto a las diversidades sexuales, sin discriminarlas en ningún aspecto.
